El presente documento fue elaborado a partir del diálogo generado en XIV Encuentro Cívico Iberoamericano, desarrollado en Mérida, España, los días 7 y 8 de febrero de 2023.
Este diálogo retoma la larga historia de trabajo realizado en los diferentes encuentros preparatorios, en los encuentros cívicos, y en los encuentros de la sociedad civil con ministerios y altas autoridades. Una historia que muestra un proceso continuo para promover la apertura de los espacios cívicos de la región, en un contexto desafiante, donde la calidad democrática y las posibilidades de participación y co-construcción de políticas públicas, y efectivización de derechos junto con los Estados se ven restringidas.
Nos reunimos presencialmente 34 personas, de redes y plataformas de 19 países, representando a más de 2.600 organizaciones que trabajan en Iberoamérica y conocen de primera mano la realidad de muchas personas que no siempre tienen la posibilidad de hacer escuchar su voz.
El mundo, y nuestra región, atraviesa enormes desafíos que solo podrán ser abordados si las distintas actorías -políticas, económicas y sociales- asumen un rol activo y tienen las condiciones adecuadas para poder aportar desde la diversidad.
La región iberoamericana posee muchas riquezas y recursos fundamentales para la vida, como el agua, la producción de oxígeno y la biodiversidad; posee una enorme capacidad de producción de alimentos y, sin embargo, sigue siendo la región más desigual del mundo, especialmente América Latina y el Caribe.
Luego de casi tres años de pandemia global, quedaron al descubierto las desigualdades que viven nuestros pueblos. La pobreza no para de crecer y sigue teniendo cara de niña, niño, de mujeres en toda su diversidad, personas afrodescendientes y poblaciones originarias. También quedó al descubierto la violencia de género, la violencia y el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Quedaron en evidencia las brechas en el acceso a la salud pública -estamos comenzando a ver los impactos en la salud mental especialmente de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad-. En este tiempo, donde las tecnologías de la información y la comunicación fueron fundamentales, pudimos ver las dificultades y brechas en el acceso a las tecnologías. Por otra parte, los derechos de personas, organizaciones y movimientos en el entorno digital están en riesgo; por eso, es necesario que el espacio cívico digital sea preservado y reforzado.
Vemos con preocupación la violación sistemática de nuestros derechos, los vacíos de los sistemas que deben protegerlos y la debilidad de los mecanismos de participación ciudadana. Nos preocupa profundamente el importante aumento de la represión y persecución de las organizaciones de la sociedad civil, así como de periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos y del ambiente.
Estamos alerta ante el crecimiento continuo de movimientos ultraconservadores y la anti política como un peligro real para la consolidación del espacio cívico que construimos entre todas y todos.
Necesitamos retomar la idea de un nuevo pacto social, que implique una nueva forma de relacionamiento humano en donde la justicia social, económica, financiera, ambiental, racial, de género y generacional sea la prioridad. La igualdad de derechos debe ser un eje central de la gobernanza de la región.
Desde hace varias Cumbres Iberoamericanas de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, seguimos sin poder reunirnos en el país anfitrión de la Cumbre. Esto es algo incomprensible e injustificable. La posibilidad de participar del diálogo político interactoral es fundamental para la construcción y fortalecimiento de las democracias en la región.
A pesar de ello, nos comprometemos a profundizar y alimentar el diálogo con nuestros Estados, a aportar los saberes de las organizaciones sobre los temas que nos atañen, a profundizar nuestras alianzas como organizaciones y lograr aportes constructivos, desde una mirada crítica. La sociedad civil deber ser activa, respetada y valorada en todos los países porque, tal como venimos haciendo históricamente, la sociedad civil es aliada de los gobiernos para construir sociedades más justas.
Recomendaciones
La sociedad civil reunida en el XIV Encuentro Cívico, presenta las siguientes recomendaciones a los gobiernos de la región iberoamericana.
– Fortalecer el Estado de derecho y la democracia con enfoque de derechos. El respeto a la soberanía de los pueblos debe ser garantizado.
– Reasumir el compromiso de impulsar la Agenda 2030 como guía en las políticas públicas de nuestros países.
– Garantizar la financiación para el desarrollo sustentable con inclusión social y ambiental, incluyendo el rol de las organizaciones de la sociedad civil.
– Garantizar los derechos y libertades de reunión, asociación y expresión. Acabar con la criminalización de la sociedad civil; garantizar los espacios para la participación ciudadana. Crear las condiciones políticas, sociales, jurídicas, económicas y financieras para que la sociedad civil organizada actúe en condiciones de autonomía y como actor de derecho propio, reconociendo su diversidad de funcionamiento y objetivos, así como los diferentes roles que desempeña.
– Establecer mecanismos de participación y diálogo de forma estructurada, institucionalizada, inclusiva y accesible, asegurando la transparencia de los procesos y el acceso a toda la información relevante.
– Fortalecer las estrategias de cooperación Sur-Sur, poniendo en valor la rica experiencia de trabajo para el desarrollo dentro de la región
– Asegurar la participación de las organizaciones sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. (Las organizaciones complementamos el trabajo del Estado, nunca buscamos reemplazarlo).
En relación con los ejes priorizados en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebrará en República Dominicana en marzo, recomendamos:
– Diseñar políticas que garanticen el acceso universal a las tecnologías desde un enfoque de justicia digital y entendido como un derecho humano. La inversión en infraestructura, equipamiento y formación permanente son prioridades para que toda la población participe activamente. Además, debe asegurarse la protección de derechos en el ámbito digital.
– Garantizar la igualdad de género -en el ejercicio de derechos, en la, la igualdad de oportunidades y en términos de responsabilidades en la realización de tareas domésticas y de cuidados-. Asegurar la garantía de derechos para la población LGTBIQ+.
– Reafirmar los principios establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad abogando por la construcción de sociedades más inclusivas.
– Realizar esfuerzos especiales para integrar la educación para la ciudadanía global y la participación en los currículos académicos de nuestras niñas, niños y adolescentes.
– Cumplir los principios del derecho internacional, especialmente en el marco de la COP 27 y el acuerdo de Escazú. Alinear las inversiones y la acción económica con las prioridades de mitigación, adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad. Todo ello, siendo conscientes de que sin justicia social no habrá justicia ambiental ni garantía de derechos.
– Involucrar y respetar el rol y conocimiento de las poblaciones originarias y habitantes de los ecosistemas en materia de regeneración y sustentabilidad.
– Respetar y fortalecer la soberanía alimentaria de los pueblos de Iberoamérica; reconocer los derechos de las mujeres campesinas. Es fundamental garantizar a la gente sin tierra y a la pequeña agricultura el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a los recursos productivos; también deben contar con un adecuado suministro de servicios públicos
– Construir una nueva arquitectura financiera iberoamericana, elaborada desde la perspectiva de los derechos humanos, que priorice la vida por sobre los intereses del mercado. Desarrollar sistemas fiscales progresivos, justos y transparentes que refuercen la capacidad de inversión pública para enfrentar crisis económicas, sanitarias y sociales. Además, debe fomentarse una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos, el control de la deuda externa y la renegociación de términos y tasas de pago. Asimismo, deber garantizarse la colaboración de los Estados, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional para prevenir y eliminar prácticas usureras que afectan a las personas más vulnerables.
– Crear mecanismos que faciliten que el sector bancario y financiero diseñe respuestas rápidas, adecuadas y desburocratizadas que permitan el acceso a financiamiento para personas y familias vulnerables, micro y pequeños negocios.
Por otra parte, exhortamos a los gobiernos iberoamericanos a mandatar a la SEGIB para que cumpla un rol de impulso y monitoreo de las recomendaciones que emanan de la sociedad civil. De cara a la realización de la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno en Ecuador, en 2024, estimamos necesario que la sociedad civil celebre el Encuentro Cívico Iberoamericano de manera presencial en el país organizador, y que cuente una representación directa en la Cumbre.
Estamos en un mundo en cambio donde se observa una triple transición: ambiental, digital y socioeconómica. Las transiciones verde y digital deben ir acompañadas de una transformación económica que garantice el cierre de brechas estructurales y la renovación del pacto social. Las transiciones deben ser justas, y las estrategias políticas que las acompañan deben reconocer que habrá ganadores -que deben contribuir más- y personas que pierdan -a quienes habrá que compensar y proteger.
Como dice el Popol-Vuh, “que todos (y todas) se levanten, que nadie se quede atrás”.
Agradecemos a la Ciudad de Mérida, a la Junta de Extremadura, a la Asamblea de Extremadura, a Avante Extremadura, a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, a la AECID, a la SEGIB y a la Secretaria Pro Tempore de República Dominicana por el apoyo brindado en la organización del XIV Encuentro Cívico Iberoamericano.
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