A finales de octubre tuvimos la suerte de recibir a varios representantes de la sociedad civil de El Salvador, en el marco de la “Gira de defensoras/es de derechos humanos salvadoreños/as a Madrid y Bruselas” organizada por FOCIS.

El Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS) en El Salvador, está integrado por más de 30 ONGs de la sociedad civil internacional, que trabajan en el campo de la cooperación solidaria, apoyando el fortalecimiento de la sociedad civil salvadoreña, y acompañando procesos de desarrollo sostenibles en comunidades vulnerables del país.

Estos cinco representantes se reunieron con actores políticos e institucionales del Estado Español así como de la Unión Europea. El objetivo de esta gira era divulgar la situación de retroceso democrático, desmantelamiento del Estado de Derecho y de incumplimiento de los DDHH en El Salvador.

Las y los representantes expusieron ante diversas instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil un informe sobre las distintos aspectos en los que el país de Centroamérica está sufriendo graves ataques por parte del Gobierno de N. Bukele.

La Gira de defensoras pretendía aportar así elementos de análisis que contrarresten e incluso desmientan el discurso oficial, para incidir en la toma de decisiones políticas y estratégicas que tengan que ver con El Salvador o puedan impactar en éste.

Os compartimos un breve resumen de la situación que nos comunicaron durante el encuentro y os invitamos a leer el informe completo que redactaron a través de este enlace: Informe DDHH y Democracia El Salvador

  • Democracia y derechos jurídicos

La Guerra Civil que sufre El Salvador de 1980 a 1992, finaliza con los llamados Acuerdos de Paz de Chapultec y una reforma constitucional de la que surgen instituciones nuevas. A partir del 92 comienza entonces un proceso democrático que duró 30 años, hasta la elección de Nayib Bukele en junio 2019, en la que los ataques a los cimientos de esta joven democracia se multiplican:

  • N. Bukele impulsa acciones autoritarias como la irrupción en el Congreso acompañado de las Fuerzas Armadas para ejercer presión y llegar a la mayoría democrática en este órgano.
  • Su primera decisión al ser elegido es la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del titular de la Fiscalía General de la República.
  • Se promueve la jubilación anticipada de los jueces de más de 60 años, con el objetivo de designar en su lugar a personas afines con el Gobierno.
  • Son constantes los casos de representantes destituidos si han formulado una opinión contraria a la política del Gobierno.
  • La posibilidad de elaborar iniciativas de ley desaparece, dado que se expulsa o toma represalias contra los representantes que las apoyan.
  • Es cada vez más notable la sumisión de los diputados al presidente, que recientemente han aplaudido su decisión de volver a presentarse a las próximas elecciones, modificando los artículos de la Constitución que prohibían la reelección.
  • El Gobierno instaura un discurso dicotómico de buenos y malos: los que critican su política son designados como los que no trabajan por el desarrollo del país.

 

  • Seguridad ciudadana

El tema de la seguridad ciudadana es utilizado por el Gobierno para crear miedo en la población y para legitimar enfoques represivos y punitivos. El problema de la violencia en torno a las pandillas se emplea para fomentar este miedo y así justificar cualquier acción contra las entidades de la sociedad civil.

Las políticas del Gobierno de Bukele están en gran medida centradas en la militarización del país: los cuerpos militares están asumiendo tareas que nunca les han correspondido (emergencias, conducción de vehículos colectivos, etc.)

El Gobierno aprobó un estado de excepción en marzo 2022, que se ha prorrogado en octubre por séptima vez. Este régimen de excepción se justificó en la violencia de las pandillas, pero ha servido para restringir múltiples derechos (de reunión, de asociación, de movimiento).

Con la excusa de la lucha contra las pandillas, se criminaliza a las personas defensoras de los derechos. Según la Mesa de derechos por defender derechos, se contabilizan en el periodo 2021-2022, 246 casos de agresiones contra personas defensoras, 

  • Incapacitación de las OSC

Se están aprobando medidas para inhabilitar a las OSC o imposibilitar su desarrollo, a través de leyes que las acusan de ser organizaciones de fachada, es decir organizaciones que pretenden conseguir subvenciones para financiar partidos políticos. El sistema judicial no es independiente y debido a esto se realizan allanamientos a las OSC justificadas en la persecución de malversaciones de fondos públicos.

En la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, se decreta que las entidades necesitan tener un cargo llamado “Encargado de cumplimiento” para permitir su legalización.
El problema de este cargo es que debe ser retribuido, por lo que todas las organizaciones que no tienen medios económicos suficientes se verán condenadas a la ilegalidad.

En noviembre 2021, el gobierno presentó un proyecto de ley, llamada Ley de Agentes Extranjeros, en el que se pretende controlar las inversiones de cooperación y recaudar un 40% de su monto.
Gracias a la presión internacional esta ley de no se aprobó, pero no se ha abandonado por completo, es una amenaza que siempre saca el Gobierno a relucir frente a las OSC.

  • Juventudes

El Salvador tiene una población relativamente joven y, sin duda, la figura social que representa la juventud es el enemigo del Estado salvadoreño. Este colectivo es acusado de ser protagonista de la violencia y es criminalizada constantemente. En los últimos meses, ha habido 50.000 personas detenidas arbitrariamente y la mayoría de estas son jóvenes.
Esta situación es muy preocupante ya que no existe información sobre el estado de las personas detenidas, los familiares no saben cómo se encuentran y algunos han recibido la noticia de su muerte por medios no oficiales (llamadas del hospital, de otros civiles).

La situación con respecto a la tasa de homicidios es también muy preocupante, en 2021 hubo 1400 muertes por esta causa, y más del 48% de las víctimas eran jóvenes.
La violencia es especialmente fuerte hacia la juventud en situación de pobreza, de zonas rurales, hacia las mujeres jóvenes y la comunidad LGTBI.

  • Situación de las mujeres salvadoreñas

La sección de ONU Mujeres muestra en sus últimos informes una ampliación de la desigualdad de género en El Salvador desde la pandemia. Las políticas del Gobierno salvadoreño respecto al género son una vuelta a los valores familiares tradicionales, encasillando a la mujer en su rol reproductivo.

También se están observando vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que no existe una política en este sentido y que muchas de ellas no son atendidas en el sistema público de salud, relegadas a encontrar remedios caseros. En el país existe escasez de medicamentos y las mujeres no tienen acceso a los métodos anticonceptivos.

En 2021 se presentó una ley de despenalización del aborto que el Gobierno archivó, mostrando su completo rechazo hacia este tema. Los representantes de FOCIS nos cuentan como algunas mujeres que sufren abortos naturales pueden llegar a ser detenidas.

En lo que se refiere a feminicidios, a pesar del estado de excepción se contabilizan 70 mujeres asesinadas en 2022. No obstante, existen muchas desapariciones de mujeres jóvenes que no están contabilizadas en los datos oficiales.

  • Medio ambiente

La estrategia política del Gobierno es aparecer ante la opinión pública como un organismo muy articulado y coherente. Por ejemplo, los ministros en persona reparten frijoles y abono para los campesinos, utilizando estas estrategias asistencialistas para obtener popularidad entre la población.
Sin embargo, las inversiones reales a población vulnerable se han eliminado, como la subvención a pequeños productores que existía en el país. Además, se están realizando expropiaciones de tierras a campesinos para albergar los múltiples proyectos del presidente, como la Ciudad Bitcoin o la construcción de nuevas cárceles.

El tema medioambiental no es priorizado por el Gobierno a pesar de que El Salvador se considera uno de los países más vulnerables al cambio climático debido, en parte, a la degradación de sus recursos acuíferos y terrestres. El país se enfrenta a un estrés hídrico crónico, y la mala calidad del agua es ya una realidad que causa un número elevado de enfermedades diarreicas.

En conclusión, el panorama de derechos democráticos está muy debilitado en El Salvador: la separación de poderes es inexistente, los órganos políticos están completamente supeditados el Gobierno.
El proyecto político de Nayib Bukele se basa en la represión y militarización del país, desatendiendo sus problemas estructurales: actualmente se están construyendo más cárceles que escuelas.
Las organizaciones y personas que tratan de oponerse a este rumbo y defender los DDHH son perseguidas, cada vez son más los mecanismos legales que incapacitan a las OSC.

La cooperación internacional es una de las pocas vías que tiene la población salvadoreña para luchar contra este gobierno. Por lo tanto, es nuestro deber socializar la situación que está viviendo El Salvador, ayudando a difundir este mensaje crítico con El Gobierno que trate de explicar los mecanismos que le han dado a N. Bukele el respaldo popular.