Enero 2019. Francis Valverde Directora Ejecutiva de ACHNU ( organización chilena socia de La Liga Iberoamericana en el país) y vice-presidenta de la Junta Directiva de La Liga Iberoamericana participó en el Seminario Internacional “LAS ONG EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. TENSIONES Y DESAFÍOS DE SU RELACIÓN CON EL ESTADO” el pasado lunes 21 de enero en la Universidad de los Lagos, Santiago de Chile, Chile.
El seminario tuvo como propósito generar un intercambio a partir de la evidencia del proyecto FONDECYT y de experiencias nacionales e internacionales de redes y asociaciones de organizaciones de la sociedad civil, en torno a las tensiones y desafíos de la relación entre ONG y Estado para la implementación de servicios sociales y sus efectos en la construcción del espacio público.
En esta ocasión el foco del seminario fue la presentación del estudio de la relación ONG´s Estado en el vínculo de ejecución de proyectos sociales. Francis era parte del panel de comentaristas, donde había una representante de ACCION –red de ONGs de Chile-; COS –Comunidad de Organizaciones Solidarias y La Liga. Tres preguntas guiaban los comentarios.
Francis presentó un ppt sobre La Liga, sus objetivos, misión, quienes la conforman, etc. En relación al tema, se enfatizó que la sociedad civil cumple un rol relevante en el ámbito de los derechos sociales, relevando que en este modelo de desarrollo neoliberal se trata de invisibilizar a la sociedad civil y utilizarla como un prestador de servicio, relevando solo al mercado. Por ello, más que colaboración entre el Estado y la sociedad civil, en Chile, las ONGs son vistas como ejecutores de políticas públicas.
Ante la consulta sobre la autonomía de las ONGs cuando ejecutan proyectos sociales, en el caso de Chile, depende de su tamaño y los vínculos políticos que tenga. La autonomía e independencia política de las ONGs, se resguardan mejor a través del trabajo en red, desafío permanente de la sociedad civil, y única manera de incidir realmente en las políticas públicas, exigiendo que el Estado ejerza su deber de garante de los derechos sociales de todos los habitantes.