Junio 2019. La Liga Iberoamericana hace público un comunicado sobre la criminalización de los y las estudiantes en la región iberoamericana.
Una nueva oleada de conflictividad social y política se ha hecho presente en América Latina generando procesos que están afectando profundamente los pueblos de nuestro continente. Una combinación de cambios de gobierno a otros de distinto signo político, crisis de gobiernos que no logran mantener el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas que se movilizan en pos de demandas insatisfechas por parte de las políticas públicas, ha tomado una nueva y creciente expresión, que es la criminalización de los y las estudiantes secundarios, cuyos hechos más recientes son el asesinato del estudiante de 16 años José Martir y el arresto de cinco estudiantes, que fueron golpeados y retenidos por 5 horas en el cuartel policial. Ambos hechos ocurridos en Honduras a estudiantes de los Colegios de Fe y Alegría.
Lo anterior es parte de lo que está sucediendo en la mayoría de los países latinoamericanos que se han convertido en verdaderos estados policiales, reprimiendo a los movimientos sociales como mecanismos para contener el descontento, la movilización y la protesta. Esta criminalización afecta en especial a las y los jóvenes y a los y las estudiantes de secundaria en particular.
En el Cono Sur, -Argentina, Chile y Uruguay-, la criminalización ha venido de la mano de la dictación, o intentos de dictar, de leyes que específicamente apuntan a los y las jóvenes. En Argentina se intenta reponer el fracasado intento de disminuir la edad de la imputabilidad juvenil a los 15 o 16 años. En Uruguay se intenta incorporar a la constitución, vía plebiscito el juzgamiento como adultos de los jóvenes hasta los 16 años. Y en Chile la ley llamada de Aula Segura más un proyecto de disminuir a los 14 años el control preventivo de identidad e intentos de instaurar toques de queda en algunas comunas a los 12/14 años, se unen a una desatada represión sobre estudiantes movilizados y movilizadas.
Especial preocupación surge al observar la situación de Brasil, donde el cambio de gobierno instaló discursos contrarios a los derechos humanos, a la cohesión social y al respeto a la diversidad. En este marco han recrudecido las prácticas policiales de exterminio de niños y niñas en conflicto con la justicia a lo que se une la posibilidad, alentada por el discurso oficial, de hacer justicia por mano propia. Si esto se convirtiera en realidad, los afectados serían ciertamente niños y niñas marginados y gravemente vulnerados en sus derechos y su dignidad.
Otros países de América Latina, como Venezuela, Nicaragua y Honduras, convulsionados por grandes movilizaciones, al carecer de mecanismos de protección de derechos, ponen a niños y niñas en una situación de indefensión frente al afán represivo de las fuerzas policiales.
Muchos países como Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, viven conflictos provocados por el extractivismo que modela sus sistemas económicos y la acción de las empresas en defensa de sus intereses ha provocado muertes y represión de la que no han escapado los niños y las niñas.
México y el resto de los países de América Central viven en una constante crisis por la migración hacia Estados Unidos. En este ejercicio del derecho a migrar, los niños y las niñas sufren la constante vulneración de sus derechos por la ausencia de políticas públicas que garanticen una migración segura.
Más allá de las diferencias en cada caso, La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil se solidariza con las familias de los y las jóvenes que sufren vulneración y exige a los Estados ser garantes de los derechos de niños y niñas, y que cumplan los compromisos adquiridos con la Convención sobre los Derechos del Niño y de la cual, ciertamente, la criminalización no es parte.
Iberoamérica, Junio 2019
Descargar comunicado integro aquí . Declaracion_
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